La puesta en rigor de las normas antielusivas como parte de la reforma tributaria impone un nuevo estándar de comportamiento fiscal de las empresas y exige la profesionalización del directorio y de los representantes legales en la toma de decisiones con efecto fiscal. 

Así lo sostuvo el director de Tax & Legal de KPMG en el Perú, Edgar Vera, durante un reciente certamen organizado por esta entidad a fin de analizar el impacto en las organizaciones de los principales cambios tributarios referidos a la aplicación de la norma antielusiva, la subcapitalización, el devengo tributario, las operaciones intragrupo y la identificación de beneficiario final.

En este escenario, Vera sostuvo que los aspectos fiscales deberán ser incluidos como parte de la gobernanza corporativa, para que se regule, controle y brinde monitoreo al impacto fiscal de las transacciones, a fin de garantizar una adecuada toma de decisiones.

“A esto le llamamos Tax Governance, pues los resultados podrían ser evaluados mediante una prueba de propósito por una entidad externa a la empresa, a fin de garantizar los estándares de independencia y diligencia debida”, manifestó el experto.

Otro impacto a considerar se refiere a la deducibilidad de los gastos por intereses originados por préstamos recibidos con un límite de tres veces el patrimonio hasta finales del 2020, para luego pasar a un límite de 30 % del EBITDA.

Así, no serán deducibles los gastos financieros y préstamos que excedan estos límites, con algunas excepciones puntuales a algunos sujetos y al endeudamiento por la emisión de valores mobiliarios bajo ciertos requisitos.

“Estos cambios demandan de las empresas un análisis de sus fuentes de financiamiento para corto, mediano y largo plazos, de modo que puedan ajustar sus necesidades bajo el nuevo contexto, analizar el uso del mercado de capitales y preparar sus impactos financieros en costo y flujos”, señaló el experto y también socio de Tax & Legal en KPMG Perú, Ahmed Vega.

Se entiende por EBITDA a la renta neto luego de efectuada la compensación de pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización.

Mientras que los cambios a las normas del devengo implican la verificación de hechos sustanciales, es decir, de la transferencia de control y riesgos, así como del grado de cumplimiento de la prestación, para la verificación del reconocimiento de ingresos y gastos para efectos del impuesto a la renta corporativa, dijo el experto de esta firma Roberto Casanova-Regis.

Por tanto, para aplicar la norma será necesario evaluar las operaciones basadas en la definición de devengo tributario, identificando y conciliando las diferencias entre el reconocimiento para fines financieros y tributarios; y analizando los términos contractuales pactados en su documentación de soporte. 

“El devengo tributario vigente no solo tiene impacto en los pagos a cuenta del IR, sino que inclusive podría generar contingencias ante un desconocimiento del IGV cuando el gasto que lo generó no sea deducible por su inapropiada aplicación”, aseveró.

Costos o gastos

Los gastos por servicios intragrupo deben estar debidamente acreditados tanto en el cumplimiento de las observaciones formales de precios de transferencia con la documentación que permita determinar el valor con un nivel de detalle de acuerdo con la ley, así como en su causalidad.

Los cambios incorporados, además, establecen definiciones como el de servicios de bajo valor agregado, en el que solo se permite la deducción del gasto en la medida en que no exceda de los gastos y costos más un margen del 5%, explicó el experto Juan Carlos Vidal, quien agregó que para la deducibilidad de costos o gastos por estos servicios, se debe contar con un test del beneficio que incluye test de necesidad, duplicidad, actividades de accionistas, entre otros.