Germán Serkovic 

Abogado laboralista

El pasado año,  –con ocasión de la reunión de la CADE– el Presidente anunció la pronta discusión y elaboración de un Plan Nacional de Competitividad que incorporaría necesariamente la revisión de nuestra actual legislación del trabajo. Pocas semanas después, declaraciones del titular del Gabinete y del ministro de Economía se orientaban en el mismo sentido, si bien hacían hincapié en el derecho vacacional que a su juicio se considera de los más extensos en Latinoamérica. Puesto que el Plan Nacional de Competitividad tendrá una duración de más de diez años, hasta el 31 de diciembre del 2030, constituye una política pública sobre la que conviene efectuar algunos comentarios.

En un primer acercamiento al tema, el Decreto Supremo N° 345-2018-EF identificó varios problemas, siendo la mayoritaria informalidad del mercado laboral el más acuciante, causado básicamente por el alto costo de la formalidad, así como por la extrema rigidez de la propia legislación. 

Se explica el uso extensivo de los contratos laborales sujetos a plazo fijo o a modalidad, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional permisiva de la reposición del trabajador en determinados casos que la ley no consideraba.

Recientemente se ha dictado por Decreto Supremo N° 237-2019-EF el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, norma que en su prólogo señala: “Tras décadas de alto crecimiento, la capacidad de generación de bienestar de la economía peruana se ha visto debilitada recientemente por diversos factores…”. Reconocimiento que nos debe llevar a implementar las políticas adecuadas para retomar la senda del crecimiento.

Esta norma dedica al tema del trabajo su quinto objetivo prioritario, compuesto a su vez de ocho medidas de política. La primera es la actualización del marco normativo laboral. El título de esta medida nos lleva a un sentimiento inicial de optimismo; sin embargo, se plantean modificaciones a textos reglamentarios de relativa significancia.