César Puntriano

Abogado Laboralista

El trabajo forzoso u obligatorio se origina por la existencia de una persona que trabaja o presta sus servicios en un escenario de restricción ilícita de su capacidad de elegir si labora o no, con quién, dónde y en qué condiciones. Es la vulneración del derecho fundamental a la libertad de trabajo de todo ser humano. Según el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es: “Todo trabajo o servicio exigido a un individuo, bajo la amenaza de una pena cualquiera; y para el cual no se ofrece voluntariamente”.

El trabajo forzoso no puede equiparse a salarios bajos o condiciones de trabajo precarias. Tampoco abarca las situaciones de mera necesidad económica. 

El informe de la OIT sobre Ganancias y pobreza: aspectos económicos del trabajo forzoso (2014) señala que en el mundo hay 21 millones de víctimas de trabajo forzoso, cuya explotación genera ganancias por 150,000 millones de dólares, de los cuales 99,000 millones provienen de la explotación sexual comercial. 

En el Perú no se cuenta con una cifra exacta de víctimas de trabajo forzoso. Un diagnóstico preliminar en la extracción de la madera en la Amazonía Peruana del 2005 reveló la existencia de trabajo forzoso en regiones de la cuenca amazónica peruana, sobre todo en Ucayali y Madre de Dios. Esta investigación estimó que aproximadamente 33,000 personas estarían siendo víctimas de estas prácticas, sobre todo numerosas que pertenecen a grupos étnicos de la Amazonía peruana.

Nuestro Estado ha ratificado el Convenio 29 de la OIT y ha incluido en el Código Penal el delito del trabajo forzoso (Decreto Legislativo N° 1323). Queda pendiente la ratificación del Protocolo del 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 

La Sunafil, por Resolución de Superintendencia N° 038-2016-Sunafil, aprobó el Protocolo N° 001-2016-Sunafil/INII denominado Protocolo de actuación en materia de trabajo forzoso, que crea el Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil (GEIT-TFI) para prevenir y erradicar estas formas ilegales de empleo en el país.

Recientemente, se han modificado los artículos 168-b y 195 del Código Penal, incorporando la pena de multa al delito de trabajo forzoso por Ley Nº 30924. Si bien esta medida es adecuada, no resulta suficiente, pues erradicar el trabajo forzoso exige la participación del Estado, mediante sus instituciones y la sociedad civil. Esperamos que se continúe dando la importancia debida a esta medida, es fundamental que las autoridades a cargo cuenten con las facilidades necesarias para desarrollarla, como presupuesto y herramientas legales suficientes.