El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes , adelantó que laPolítica Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) tiene como uno de sus principales ejes eliminar las rigideces del mercado laboral y que las primeras medidas concretas para dinamizar este mercado se anunciarían en breve (Gestión 27.11.2018).

Fuentes cercanas al Ejecutivo revelaron a este diario que una medida concreta que se evalúa en el Gobierno es incrementar la indemnización de 12 a 24 sueldos como reparación frente al despido arbitrario. Este incremento en el monto de la indemnización estaría condicionado a la imposibilidad de la obtención de la reposición en el cargo del trabajador.

Así, se presentaría un proyecto de ley al Congreso para su debate y aprobación, que ya contaría con un respaldo preliminar de un grupo parlamentario mayoritario, para desarrollar la norma constitucional que establece que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.

Hace más de siete años, la comisión de expertos que revisó el proyecto de Ley General de Trabajo planteó incrementar la indemnización por despido arbitrario a 24 sueldos por igual cantidad de años (Gestión 26.11.2011).

El presidente de la comisión, Carlos Blancas Bustamante, en ese momento explicó que propuso tres niveles, los primeros ocho años se pagarían en un sueldo y medio por año.

En el segundo nivel –de ocho años– se daría un sueldo por cada año adicional, y en el último tramo se pagaría medio sueldo. Así, en el caso que un trabajador laborase 24 años se pagaría un sueldo por año (en promedio), detalló Blancas.

Y de otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Enrique Blume, explicó que existe una línea de interpretación por 20 años, que establece que la reposición es la protección adecuada contra el despido arbitrario (Gestión 16.04.2018).

Sin embargo, Blume manifestó, a título personal, que existen dos formas para modificar el precedente del TC. Una de ellas es a través de una ley que prohíba la reposición del trabajador ante un despido arbitrario y que alternativamente se deba recurrir al pago de una indemnización.

El otro camino, dijo, sería con una reforma de la Constitución, ya que se tiene una definición genérica de la “adecuada protección contra el despido”. Lo adecuado puede ser el pago de una indemnización o la reposición, según estándares de la OIT.