Por su parte, el Pleno del Congreso tiene pendiente aprobar la prorrogar el REJA para desempleados afiliados a las AFP hasta el 31 de diciembre de 2021.

En la primera mitad del año se han presentado cerca de 20 proyectos ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso para modificar o reformar las condiciones del sistema pensionario en el Perú. Sin embargo, 13 iniciativas aún están pendiente de debate. Así por ejemplo, encontramos a una que es de interés para la Asociación de AFP, que ha pedido desde distintas tribunas que se devuelva a los afiliados a las AFP el aporte indebido que los empleadores realizaron a la ONP .

La propuesta de Fuerza Popular pide establecer el procedimiento de los aportes indebidos correspondientes a los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones ( SPP ) y que por error hubieran ingresado al Sistema Nacional Previsional (SNP), disponiendo que serán los trabajadores quienes a libre elección optarán por una AFP o la ONP.

También hay una propuesta para crear el "Fondo Nacional de Asistencia Previsional", para el incremento de pensiones a los jubilados bajo el régimen del Decreto Ley 19990, que tiene entre sus autores a Sonia Bustos, José Palma, Luis Yika, Sonia Echevarría y a los desaforados Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel.

Alianza por el Progreso propuso la Ley que tiene por objeto brindar acceso a la seguridad social y a la pensión, a los conductores prestadores de servicio de transporten público en la modalidad taxi y mototaxi, de conformidad con los artículos 10°, 11° y 12° de la Constitución Política del Estado.

Y así otras tantas que quedaron pendiente de debate. Sin embargo, la propuesta de ampliar el REJA está un paso por delante.

"El Régimen Especial de Jubilación Anticipada para desempleados afiliados a las AFP solo falta que sea aprobado en el Pleno del Congreso. Lo que se busca es ampliar el régimen hasta el 31 de diciembre de 2021, para que los afiliados que no cuentan con un empleo puedan acceder a su fondo", comentó el congresista Yonhy Lescano, miembro de la Comisión de Trabajo.

En esa línea, el congresista Justiniano Apaza , contó que ha propuesto que los afiliados a las AFP de 40 años que tengan dos años sin realizar aportes también puedan acceder a su fondo.

"No se tienen que retirar de las AFP , porque cuando se reinserten en el mercado laboral formal pueden seguir aportando; lo que se busca es que el afiliado pueda usar el dinero el tiempo que requieren. Además es más fácil invertir el dinero a los 40 que a los 65 años", comentó.

Por su parte, la congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca , señaló que si bien hay varios proyectos presentados "habría que agruparlos en un dictamen y que incluyan apreciaciones del MEF, ONP y del Ejecutivo, para que se busque una salida de corto y mediano plazo para el sistema público".

"Hay que mirar como una situación de emergencia las condiciones de los asegurados que no tienen un mínimo de pensión porque por " equis" motivos su pensión ni siquiera llega al mínimo que establece la ley. Hay quiénes no pueden demostrar un años de aporte", menciona.

En ese sentido, la congresista propone que se reduzca de 20 a 15 años los aportes necesarios para acceder a una pensión en la ONP, dada las condiciones de nuestro mercado laboral informal.

"Además, hacia adelante tenemos que hacer más atractivo a la ONP para los trabajadores. Si ponemos los topes de pensión que se van a percibir (monto máximo) es obvio que a un trabajador no le parezca atractivo. Hay que generar estándares diferentes para el sistema público de manera que respetemos las normas", comentó. 

Un dictamen pendiente de votación en el Pleno es la Ley que tiene por objeto que todos los trabajadores del sector público, que a la fecha de su entrada en vigencia, se encuentren contratados bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del Decreto Legislativo 1057, se incorporen al régimen laboral ordinario de su respectiva entidad pública empleadora.

"Antes, cuando estaba Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno, los fujimoristas insistían con la eliminación del CAS y ahora que hacen cogobierno con Vizcarra ya no hay voluntad", criticó el congresista Apaza. 

Esto por disposición de la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo que establece que esa asignación temporal de competencias y funciones, podrá ser extendida, previa evaluación de los resultados obtenidos por aquella entidad supervisora.

Lineamientos 

La asignación de competencias y funciones en materia inspectiva supone también transferir al personal que realiza esa función, así como la partida presupuestal que corresponde al mismo, previa evaluación objetiva que incluya su formación y experiencia laboral, de acuerdo a pautas que la Sunafil fije.

Si en el ámbito del gobierno regional se implementó una intendencia regional de esta superintendencia, la transferencia será progresiva; y en caso no haya sido así la transferencia se efectuará de manera progresiva hasta el 31 de diciembre del 2020, detalla la ley.

La norma precisa, además, que cuando culmine el proceso de transferencia, para cada ámbito de gobierno regional se constituirá una comisión regional para la inspección del trabajo conformada por un representante del gobierno regional, un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y un representante de la Sunafil.

Corresponderá a esta comisión analizar la problemática en torno al Sistema de Inspección del Trabajo a escala regional, proponer recomendaciones de generación de capacidades inspectivas del trabajo, de actuación y priorización en el ámbito del gobierno regional, para que la Sunafil las incluya en la elaboración de los planes anuales de inspección del trabajo, así como realizar el seguimiento de la ejecución de los mismos en su jurisdicción.

La ley autoriza a la citada superintendencia a efectuar, por el período de los ocho años de asignación temporal de competencias y funciones, transferencias financieras a favor de los gobiernos regionales de no menos del 30% de los recursos que recaude por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Estas transferencias financieras a favor de los gobiernos regionales se destinarán a la generación de capacidades inspectivas del trabajo, al fortalecimiento de las actividades de promoción del empleo y fomento de la pequeña y microempresa, y al cumplimiento de las funciones en materia laboral, bajo responsabilidad de los gobiernos regionales.

El titular de la Sunafil informará cada año ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Parlamento y a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, sobre los avances y resultados logrados en cumplimiento del objeto de la Ley N° 30814, que precisamente es fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo mediante la mencionada asignación temporal de funciones y competencias a la Sunafil.

Lucha contra la informalidad

A juicio del laboralista César Puntriano Rosas resulta positiva aquella transferencia de funciones pues apunta a dotar de eficacia a la lucha contra la informalidad laboral. Toda vez que la Sunafil será la que fiscalice a las microempresas, las cuales concentran más del 80% de informalidad, detalló. No obstante, esta transferencia de funciones debe ir de la mano con una mayor inyección presupuestal, acotó. 

Apuntes

La fiscalización a las microempresas no tiene como objetivo multarlas sino incentivarlas a la formalización, mediante una labor pedagógica a realizar por el inspector laboral, comentó Puntriano.

Además, debe fortalecerse la inteligencia inspectiva, agregó el experto quien se desempeña como socio del Estudio Muñiz.