Paul Neil Herrera Guerra

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–¿Cómo evalúa el desarrollo del derecho constitucional en nuestro país? 

–Ha sido un proceso exitoso. En los últimos 20 años. El derecho constitucional empezó con una Constitución liberal, que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional durante tres diferentes plenos con bastante éxito, porque hoy en día la Constitución es lo que la jurisprudencia constitucional ha ido consolidando, obviamente con todos los altibajos que ha tenido la justicia constitucional, pero el balance es sumamente exitoso. El derecho constitucional peruano mediante su jurisprudencia, de una Constitución que nos ha dado estabilidad y de un Código Procesal Constitucional que, con todos los errores que pudiera tener, ha consolidado una experiencia que en Latino América es admirada y que goza de gran prestigio. 

–¿Hacia dónde debe apuntar el derecho constitucional en el Perú?

–En principio a consolidar lo avanzado, que es una democracia constitucional; eso lo tenemos que fortalecer mediante las reformas políticas que fortalezcan partidos políticos, de reformas constitucionales que fortalezcan el Estado constitucional de derecho y, esencialmente, de un comportamiento de la élite académica que favorezca la moderación, la tolerancia y la comprensión de posiciones adversas. 

–¿Se debe modificar el Código Procesal Constitucional? 

–Sí. El Derecho tiene que cambiar conforme a la experiencia y la racionalidad. Los hechos demuestran que el habeas corpus y el amparo no solo sirven para defender y proteger derechos y libertades, sino que también han servido a mafias organizadas; por tanto, la academia y los legisladores deben ir de la mano con la realidad. Por ejemplo, ya no es lógico que el habeas corpus pueda ser presentado en cualquier lugar de la República eligiendo juez o corte. El Poder Judicial ha avanzado muchísimo y los jueces en todo el territorio de la República son, con muy pocas excepciones, cabales defensores de la constitucionalidad y de los derechos. El habeas corpus tiene que sufrir modificaciones, al igual que el amparo. El amparo ha servido para que mafias organizadas vulneren la legislación, en su momento, de casinos y tragamonedas, para que vulneren la ley de pesca y una serie de legislaciones orientadas a ordenar un país que necesita orden. Se deben modificar los temas de la presentación de la demanda, las notificaciones, la falsa defensa del debido proceso, pues no es posible que un proceso judicial caiga a pesar de todo el costo y esfuerzos de fiscales y jueces por un aparente defecto de debido proceso. Hay que fortalecer las nuevas normas del Código Procesal Penal, mediante el derecho constitucional. Hay que fortalecer la persecución del crimen y evitar que el atestado policial y la investigación fiscal puedan adolecer de tantos defectos de forma.

–Ante esto, ¿cuál es el nuevo reto del Tribunal Constitucional (TC)?

–Moderación. Si algo necesita el TC siempre en todas las épocas, es capacidad de reflexión, de moderar sus sentencias y de ponderar sus fallos. 

–¿El TC es muy garantista?

–En muchos casos lo hemos sido. Con la madurez y experiencia se observa que los ideales juveniles, académicos, teóricos deben plasmarse en datos sólidos que solo la realidad nos permite observar. En ese sentido, el TC debe alcanzar siempre fallos ponderados, moderados, tratar de evitar colisiones con otros órganos constitucionales del Estado. El nuevo magistrado (jurista Augusto Ferrero Costa) tiene una amplia trayectoria prestigiosa, es una buena persona con un profundo conocimiento del Derecho y puede aportar muchísimo. 

–¿Sobre qué temas se debe pronunciar el TC?

–El TC ya dijo casi todo lo que debía decir en las materias previsional y laboral. Hoy, la Corte Suprema es muy activista en materia laboral y, por tanto, no tiene sentido que el TC siga recibiendo expedientes vía amparo en materias previsional y laboral. Más bien, debe cuidar su jurisprudencia y adecuarla a los tiempos de acuerdo a las reglas del amparo contra la resolución judicial. Si el TC deja de pronunciarse sobre estos temas (previsional y laboral), solo se quedaría aproximadamente con el 30% o el 40% de las causas que ahora tiene. El TC tiene mucho que decir sobre la parte económica de la Constitución. Tiene mucho que decir en materia de derechos que no han sido convenientemente explorados como los derechos de consumo, porque el Indecopi es un organismo muy importante, pero la ley y la Constitución no le han dado las facultades suficientes. Es necesario que el TC se pronuncie sobre casos puntuales de libre competencia. Hay que fortalecer el Indecopi mediante una jurisprudencia constitucional que recoja su experiencia, fortalezca sus mandatos, estrategias y líneas de acción. Este tribunal se debe convertir en el TC que necesita la sociedad y la persona humana hoy en día.

–¿El TC se debe pronunciar sobre la informalidad?

–Sí. El 75% de la PEA es informal, entonces todos nos hemos dedicado a recitar un catecismo laboral, que es válido solo para un 30% de los trabajadores, y los 300,000 jóvenes que cada año salen al mercado laboral no consiguen trabajo, y en muchos casos los trabajos que persiguen los jóvenes que ya tienen maestría, que ya tienen estudios universitarios y que están preparados están en manos de personas muchas veces mayores que no trabajan con esfuerzo porque gozan de una estabilidad laboral rígida, perjudicando al Estado y a la economía del país. Entonces, ya llegamos a una contradicción que el derecho constitucional debe ayudar a resolver.

Docencia jurídica

A criterio de Álvarez Miranda, la jurisprudencia ocupa un lugar predominante en la enseñanza del Derecho. Por lo tanto, dijo, se tienen que combinar los aspectos teóricos con los aspectos jurisprudenciales necesariamente en las clases. Así, el debate es esencial, agregó. En ese sentido, indicó que primero la lectura es fundamental. “El que no tiene el fundamento teórico leído no puede conversar”. Una vez leído el material de lectura, el alumno ya puede reflexionar, conversar, debatir y encontrar las formas diferentes de solucionar un problema jurídico, porque no hay una sola, explicó. “Luego, incorporar los aspectos tecnológicos que están a la mano hoy en día, y posiblemente haya un reto mayor, que es mantener los principios y responder a los principios fundamentales del Derecho que no cambian”.