Germán Serkovic G.
Abogado laboralista
Expresaba con toda razón que se trata de un segmento vulnerable de la población, marcado por bajas tasas de empleabilidad originadas en su poca experiencia y reducida productividad. De hecho, las tasas de desocupación entre los jóvenes son bastante más altas del promedio.
El desempleo de las personas incluidas en este rango de edad es cercano al 10%, en comparación con el casi 2.5% de los adultos de entre 30 y 65 años.
Es, sin duda, un porcentaje elevado. En Alemania, el desempleo de los jóvenes apenas roza el 6%; en España se acerca mucho al 40%, para citar algunos datos del contexto mundial.
Hay que considerar, por lo demás, que el altísimo porcentaje de informalidad en nuestro medio, lindante al 70%, distorsiona cualquier estadística.
El profesional aludido estaba tan convencido de la bondad de su planteamiento, que su ponencia terminaba expresando que “nadie podría oponerse” a un ordenamiento similar.
El dato es muy relevante a la luz de los acontecimientos posteriores.
Un grupo de técnicos en el gobierno anterior hizo suya esta iniciativa y poco después se elevó al Congreso de la República un proyecto de ley dirigido al fomento del empleo juvenil.
En síntesis, el proyecto –si bien rebajó el límite superior de la población incluida de 28 a 24 años– fundamentaba el impulso a la contratación de los jóvenes en una disminución de sus derechos laborales con el objeto de reducir el costo laboral.
Es así que, con algunas modificaciones en su texto, la propuesta legislativa se convirtió en ley.
Se publica la Ley N° 30288 en diciembre del 2014, y se origina a la vez un evidente rechazo de la población a sus disposiciones.
Ante una protesta que amenazaba con desbordarse, el Congreso da marcha atrás y la norma es derogada.
En realidad, desde sus inicios, fue una ley mal planteada y peor defendida. La picardía popular la llamó ley pulpín.