Germán Serkovic abogado laboralista

** En un primer momento, que podríamos denominar de inexistencia de derechos, el contrato de trabajo se encontraba regulado por las normas propias del derecho civil. Se entendía que las partes de la relación laboral operaban con similar nivel de negociación. Característica principal de este estadio era que el Estado no actuaba normativamente para favorecer al trabajador como la parte débil de la relación.

** Ante el evidente abuso, la intervención del Estado en tutela del empleado no se hizo esperar. Pasamos a la etapa del reconocimiento de derechos –y del surgimiento formal del derecho del trabajo en buena cuenta– signada por la dación de disposiciones protectorias. La jornada máxima de trabajo, el establecimiento de una edad mínima para laborar, el salario mínimo, el principio de irrenunciabilidad y los descansos pagados son solo algunos ejemplos.

** Dado el abanico de regulaciones protectorias –nacidas de la ley, pero también originadas en el convenio colectivo– es indispensable vigilar su acatamiento por parte de los empleadores. Ingresamos en una etapa de fiscalización del cumplimiento de las normas tutelares. No debiera ser mayormente dificultosa la fiscalización si se tiene en cuenta la antigüedad de algunas leyes a favor de los trabajadores, aspecto que junto con la justicia de sus fundamentos crea una conciencia favorable a su observancia. Sin embargo, en nuestro medio la fiscalización laboral es enormemente complicada, pese a las altas penalidades por incumplir los derechos del trabajador. Que el 70% de la población activa labore en la informalidad no juega a favor del estricto respeto de la legislación laboral. Tal situación conlleva a que empleadores poco escrupulosos, o impelidos por imperativos económicos de subsistencia, se vean tentados a ignorar determinadas normas laborales por considerarlas “muy onerosas”.