La reciente sentencia de la Corte Suprema que estableció que los despidos arbitrarios dan lugar a una indemnización por daño moral, adicional a la indemnización legal por despido, abre la puerta a que cualquier otra regla legal sobre despidos también se pueda modificar a nivel judicial. Ello incluso cuando se atente expresamente contra lo que dice la ley, como ocurrió en este caso.

EL CASO Y LA LEY

Manuel Granados, un extrabajador de Sedapal –empresa pública bajo el régimen laboral privado– demandó a su exempleador tras haber sido despedido luego de 19 años de servicio. Sedapal imputó que Granados había cometido dos faltas graves, pero él no estuvo de acuerdo y demandó a la empresa por despido arbitrario. En instancia definitiva, la Corte Suprema le dio la razón a Granados.

En su artículo 34, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral indica expresamente que si “el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el daño sufrido“. Aún así, la Corte Suprema estimó que sí cabía una indemnización adicional.

IMPACTO DE LA DECISIÓN

“La ley dice expresamente que la reparación por despido es la única. No conozco ningún otro caso [en la región] en que se haya decidido algo así”, indica José Balta, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano. “La ley se ha convertido en mera referencia. Esta vez dieron una indemnización de S/.75,000, pero queda a criterio del juez. Podrían dar S/.7,500 o S/.7 millones”,agrega.

Según el fallo, además, no es necesario que el trabajador acredite que existió un daño real para que la indemnización sea exigible. “Las reglas sobre carga de la prueba previstas en las normas civiles, de aplicación a esta pretensión, señalan que el daño debe acreditarse”, apunta César Puntriano, socio del área laboral de PwC. Pero en el caso, la Corte Suprema simplemente presume ese daño.

Dado que la Constitución deja a la ley la tarea de instaurar las reglas sobre el despido arbitrario, este cambio de criterio de la Corte Suprema abre paso a cualquier otra modificación legal en sede judicial. Para cambiar este criterio, sería necesario un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional o que el Congreso apruebe una nueva ley con otro criterio.