El portal Dimetutraba.pe –promovido por el Gobierno para que los ciudadanos denuncien trabas burocráticas– ha cumplido un mes desde su creación. A la fecha se ha atendido, vía decretos legislativos, el 13% de las trabas ingresadas por empresas. En el próximo paquete de normas simplificadoras, se atenderá un 7,5% adicional , revela el ministro de la Producción, Bruno Giuffra.

El Gobierno solo tiene hasta el 7 de enero para emitir los decretos legislativos restantes. 
Sí, se van a aprobar alrededor de 80 más en las próximas dos semanas.

¿Todos tendrán como fin destrabar?
Algunos son de otra naturaleza, pero nosotros estamos ahí firmes y puestos. Hemos hechos cosas muy importantes: Indecopi ha sacado cosas muy potentes. Se está sacando el famoso tema de registro sanitario, que para mí es la mayor de las señales para el sector de las mypes productivas artesanales, a las que se les pedía cosas de locos. Eso ya se está cambiando.

¿Cómo es ahora la actitud ante el emprendedor?
Estamos empoderando al emprendedor, creyendo en él. Le estamos aceptando declaraciones juradas con el compromiso de que cumpla los protocolos de condiciones óptimas de producción para el tamaño que tiene. No le podemos pedir a un pequeño fabricante de quequitos que tenga exactamente los mismos procedimientos y normas que Nestlé o Alicorp. Sería de locos pretender que uno se adecúe a esto.

¿Cómo será la fiscalización posterior?
Ahí entra el quid del asunto: estamos pasando de un esquema archisobrerregulado y fiscalizador punitivo, a otro en el que el Gobierno le dice: “Para hacer esta actividad, tienes que cumplir estos requisitos. Hazme la declaración jurada de que lo estás cumpliendo y yo inopinadamente en algún momento verificaré esto. Si me incumples, la sanción será potente”. Es decir: “Te doy el voto de confianza ex ante. Te castigo si me fallas”. Normas claras, simples, pero con una fiscalización supereficiente y con una sanción correctiva de primer orden.

¿Cómo se logrará esa fiscalización supereficiente?  
Cada sector tendrá su propia responsabilidad. En el caso de Digesa, responde al Ministerio de Salud y se tendrán los inspectores que harán la verificación. Por ejemplo, a una señora que hace alfajores y los vende en una tienda, se le pedirá un protocolo de limpieza, uno sanitario, que fumigue su local, que tenga uso de acero inoxidable en sus mesas, que pueda limpiar eficientemente y conservar sus insumos de tal manera que se evite la contaminación cruzada. Pero ese protocolo, cualquiera que termine siendo, se firmará y la persona será consciente de que se deberá cumplir, y será fiscalizado en cualquier momento. Mientras eso ocurre, vamos a confiar en el vendedor. 

¿Este voto de confianza ex ante resume la política de simplificación administrativa del Gobierno?
Absolutamente. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con facilitarle el accionar al sector privado para recibir la inversión privada y que fluya libremente sin ningún tipo de restricción, para el surgimiento de más, mejores y nuevos negocios, de tal manera que la economía empiece a funcionar, como nunca debió dejar de hacerlo. Nosotros veníamos con un dinamismo empresarial muy potente y, lamentablemente, le pusieron un freno de mano muy complicado, entre el 2011 y 2015, durante el gobierno anterior. El gobierno nacionalista no se preocupó más que en producir más y más normas y sobrecomplicar el accionar empresarial, tenía una actitud completamente antiempresa, que nosotros hemos cambiado drásticamente. Hay un punto de inflexión clarísimo y estamos liderando, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, esa iniciativa de simplificar la cancha, de limpiar la sobrerregulación y facilitar el accionar de los negocios.

Uno de los grandes problemas para la formalización –otro objetivo del Gobierno– es el tema laboral. 
Se viene también. El ministro [Alfonso] Grados está trabajando iniciativas que beneficien a las pequeñas empresas en materia laboral. Próximamente tendremos novedades, pero yo no soy quien debe anunciarlas.