El ámbito de las contrataciones del Estado requiere de una procuraduría especializada para establecer un mejor análisis y tratamiento de las denuncias que deben de hacerse cuando se presentan irregularidades en dicho ámbito, sostuvo la jefa del OSCE, Magali Rojas.
Indicó que su organismo viene impulsando la creación de una instancia de ese tipo dentro del Estado, y que se hacen las coordinaciones correspondientes para ello con el Ministerio de Justicia.
"Tendría que crearse a través de una Resolución Suprema", indicó. "Ya lo hemos coordinado y se ha dado el visto bueno", señaló la titular del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce).
La propuesta obedece a que "requerimos una visión especializada de estos casos", indicó.
Estos tienen como protagonistas a proveedores privados y funcionarios estatales "que tienen la intención dolosa de eludir una norma o de ver de que manera se favorecen ellos o favorecen a terceros sin que parezca un acto de corrupción".
Rojas señaló que actualmente ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial cuentan con personal especializado en el ámbito de las contrataciones del Estado que pueda definir con objetividad estos casos. "Por eso nos consultan a nosotros", refirió la funcionaria.
"Requerimos de un procurador especializado en contrataciones publicas", recalcó.
Comisión interinstitucional
Hacia el mismo objetivo de mejorar el análisis de casos irregulares suscitados en los procesos de contrataciones que realiza el Estado, va la propuesta de crear una comisión interinstitucional para que vea este tipo de asuntos, indicó Rojas.
La misma se incluye en el proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, que ha presentado al Congreso el Poder Ejecutivo como parte del paquete de medidas reactivadoras de la economía.
La nueva instancia -formada por especialistas en el tema- revisará los casos de controversia planteados respecto a proveedores y procesos de contratación, indicó.
En la actualidad, muchos proveedores que incurren en irregularidades en el cumplimiento de los contratos que suscriben con el Estado, traban los procesos de sanción emprendidos en su contra con acciones de amparo judiciales cuya resolución, finalmente, deriva en una demora que retrasa la conclusión de estos procedimientos, dijo Rojas.