La mejora del Sistema Privado de Pensiones centralizaría la parte de ventas y cobranzas a órganos sin fines de lucro.
MIGUEL ALONSO JUAPE PINTO
mjuape@diariogestion.com.pe
La reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) está avanzando en paralelo; tanto en la comisión Técnica nombrada por el Ejecutivo, como con la revisión de los proyectos de modificación del SPP que maneja la comisión de Economía del congreso, aseveró su presidente Luis Galarreta.
A mediados de marzo, aseveró, esperamos que el trabajo de la comisión Técnica se consolide con el de la comisión de Economía y juntos en un sólo proyecto se debata en abril próximo.
Sin embargo, Galarreta precisó que esta reforma tendría una duración de dos a tres años, como mínimo.
Se han hecho distintas reformas, dijo, pero esta propuesta es una revisión completa del sistema (las formas de jubilación, los instrumentos financieros usados por las AFP para la rentabilidad, etc.).
Lo ideal es no debilitar el sistema actual, pero se debe mejorar el servicio y reducir costos a sus afiliados, acotó.
Entre las medidas para mejorar el SPP Galarreta dijo, que se plantearía centralizar y derivar las áreas de ventas y cobranzas (que ahora forman parte de las AFP), a una asociación única sin fines de lucro, dejando únicamente a las AFP, la administración de los fondos, para hacerlas más eficientes.
Sistema público
Galarreta también dijo que no existe una voluntad política para extinguir el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), aunque ello sería lo ideal, apuntó.
El mantenimiento del SNP condena a la población afiliada a no tender una pensión acorde con sus aportaciones, aseveró.
Por ello, dijo, se debe pensar en algo distinto, tal vez, un sistema único, pero diferenciado por capas. Por ejemplo, en el que los trabajadores aporten obligatoriamente al sistema privado de pensiones, pero los que no son trabajadores se beneficien con los programas de pensión del Estado, apuntó.
En agenda reprogramar deudas por pensiones
La Comisión Permanente del Congreso debatiría el proyecto de ley para la reprogramación de deudas previsionales, pues existe un incumplimiento de más del 50% de empresas que no retienen ni transfieren estos recursos de los trabajadores a las AFP,
Por ello, el proyecto regula que los empleadores reprogramen la deuda, pagando la rentabilidad nominal del SPP, extinguiendo recargos, multas e intereses.
Columna
(Tomado de Inside Moody’s Latin America)
Cómo administrar el envejecimiento
Los sistemas de pensiones de los países de América Latina que han sido reformados en el transcurso de las últimas tres décadas ofrecen perspectivas valiosas entorno a las implicaciones crediticias clave para muchos países que enfrentan los desafíos del envejecimiento de la población.
Las obligaciones del pago de pensiones con frecuencia van más allá del horizonte de las calificaciones vigentes, ya que son pasivos contingentes de largo plazo y la medición de sus impactos reales podría ser altamente incierta. Si no se atiende esta situación, la carga de adicionar los cargos de pensiones de futuros trabajadores en un contexto de cambios demográficos desfavorables, representa riesgos significativos para las cuentas fiscales y para la sostenibilidad de la deuda.
Iniciado en Chile hace treinta años, el impulso de reforma se ha extendido a otros nueve gobiernos latinoamericanos que han cambiado el convencional sistema de reparto en el cual los pagos de las pensiones provienen directamente de fondos del gobierno. Argentina y Bolivia adoptaron reformas, pero las han revertido desde el comienzo de las crisis financiera global con el objetivo de disminuir en el corto plazo la presión sobre las finanzas públicas.
Combinados, los sistemas reformados incorporan 70 millones de cuentas individuales a planes de inversión privada con más de 300 millones de dólares en activos bajo gestión.
A pesar del progreso logrado, el proceso de reforma no está aún completo. Los desafíos a superar incluyen bajas tasas de cobertura, escasos incentivos para la participación, y bajas tasas de densidad de contribución. En caso de no ser resueltos, estos obstáculos podrían debilitar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones reformados.
Los países que consideren la reforma también deben tener en cuenta que los costos de transición pueden ser altos, ejerciendo una considerable presión en los balances generales de los gobiernos, a medida que los pasivos contingentes son materializados. Pero la ausencia de una reforma representa un importante riesgo para las finanzas de largo plazo de los gobiernos y no puede ser ignorada.